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jueves, 13 de julio de 2017

ESPAÑA VOTA POR LAS IZQUIERDAS

EL FRENTE POPULAR
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El 15 de enero de 1936, se firmó el pacto del Frente Popular con un programa basado, principalmente, en la amnistía General, en la puesta en vigor de la reforma agraria y del Estatuto de Cataluña, la modificación de las leyes Municipal, Provincial y de Orden Público, y el ampliación de la enseñanza primaria y secundaria.
En febrero de 1936, la coalición de izquierdas incluía los siguientes partidos: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Izquierda Republicana, Unión Republicana, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Partido Comunista de España (PCE), Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) y el Partido Sindicalista, así como Acció Catalana, Unió de Rabassaires, Partido Republicano Democrático Federal, Esquerra Valenciana, Partido Galleguista, Partit Nacionalista Republica d’Esquerra y Partit Catala Proletari.
La derecha estaba representada principalmente por la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), Comunión Tradicionalista (CT), Renovación Española (RE), Partido Agrario (PA), Partido de Centro Democrático (PDC), Partido Republicano Radical, Partido Republicano Liberal Demócrata, Lliga Catalan, además de Independientes derechistas, Conservadores, Partido Nacionalista Español y Partido Católico. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) no se encuadraban en el Frente Popular, ni con la derecha.
En Cataluña participaron Esquerra Catalana, Acció Republicana, Partit Nacionalista Republicà Català, Unió Socialista de Catalunya y la Alianza Obrera. La CNT y los anarquistas no entraron en la coalición, pero no hicieron campaña abstencionista y algunos de sus líderes pidieron abiertamente el voto para el Frente Popular.
Elecciones de 1936
La derecha agrupaba sus fuerzas «contra la revolución», encabezada por la CEDA, con apoyo del Bloque Nacional y llegó a acuerdos concretos con la Lliga y los radicales, pero sin la participación de Falange Española. En Euskadi el Partido Nacionalista Vasco (PNV) se presentó en solitario.
Las elecciones se realizaron el 16 de febrero. El 20, las juntas electorales confirmaban el triunfo del Frente Popular, que había ganado en las principales zonas industriales y urbanas, con un total de 4.654.116 votos frente a los 4.503.524 de la derecha. Los partidos de centro (radicales, Lliga progresista, PNV) sólo obtuvieron 526.615 votos. La Ley Electoral primaba a las mayorías y por ello los diputados de la izquierda fueron 278 frente a 130 de la derecha y 40 del resto de los partidos. Las llamadas dos Españas estaban definidas y parecían irreconciliables.
Momento en el que Manuel Azaña acude a su colegio electoral a votar
A partir de entonces, se desencadenaron una serie de acontecimientos. Los sindicatos y los partidos obreros querían acelerar las reformas y, si cabe, poner las bases de la futura sociedad revolucionaria, aunque muchos republicanos y socialistas procuraban que las cosas no se desembocarán. Después del triunfo del Frente Popular pretendieron, en muchos casos, una transmisión rápida de poderes, sin esperar a la constitución de las Cortes.
El nuevo gabinete inició rápidamente la acción reformista:
  • Amplia amnistía para todos los represaliados tras octubre de 1934.
  • Restablecimiento del Estatuto catalán.
  • Alejamiento de Madrid de los generales más sospechosos de golpismo. Franco, Mola y Goded fueron destinados a Canarias, Navarra y Baleares.
  • Reanudación de la reforma agraria. Esta medida fue rápidamente desbordada por la acción de los jornaleros que se lanzaron a la ocupación de fincas.
  • Tramitación de nuevos estatutos de autonomía. El Estatuto de Galicia, fue aprobado en plebiscito en junio de 1936, y el del País Vasco estaba prácticamente terminado en julio de 1936.
La derrota de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) dejo a la derecha, partidaria hasta entonces de utilizar los mecanismos legales de la República, sin saber a qué atenerse. Pasar a la oposición y esperar unas nuevas elecciones podía significar el riesgo de su ruptura. Los sectores más extremistas eran proclives a adoptar una posición claramente beligerante contra los partidos y los dirigentes de la izquierda y, por tanto, estaban dispuestos a colaborar con la extrema derecha de Renovación Española o con los carlistas. Muchos jóvenes de las JAP (Juventudes de Acción Popular) sentían simpatía por los símbolos y las actitudes militaristas de Falange Española y compartían también los ideales de un Estado corporativo.

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Gil Robles en un mitín de la CEDA

La izquierda no hacía distinciones y consideraba a Gil Robles como el líder del fascismo, a pesar de que éste declaró, en marzo del 36, que la oposición al nuevo gobierno no sería destructiva, sino prudente y moderada; y la misma comisión nacional de la CEDA precisaba en un manifiesto que el partido no pensaba «remotamente en soluciones de fuerza». Sin embargo, a Gil Robles se le atribuyó participación en conspiraciones militares. En todo caso, su ambigüedad estaba en contraposición con las actitudes de Jiménez Hernández o Luis Lucía, dirigente de la Derecha Regional Valenciana, partidario de respetar, con todas sus consecuencias, la legalidad republicana. En aquellos meses, otros militantes de la CEDA abandonaron el partido e ingresaron en los sectores violentos de la extrema derecha para participar, posteriormente, en el levantamiento militar.
Alcalá Zamora, el único vínculo con un republicanismo liberal y de derechas, fue destituido por las nuevas Cortes, en abril del 36. Azaña pasó a ser el presidente de la República y Casares Quiroga, primer ministro. Companys se reincorporó a la Generalitat. El general Franco y Gil Robles propusieron la declaración del estado de guerra como un medio para detener lo que estimaban era el comienzo de una revolución.
La violencia se recrudeció y proliferaron los atentados de uno y otro signo. Los entierros de víctimas daban lugar a grandes manifestaciones políticas. Sin embargo, vista en perspectiva, la situación no era tan catastrófica como parecía deducirse de las incompatibilidades ideológicas. Es verdad que el Instituto de Reforma Agraria fue autorizado a ocupar inmediatamente, cualquier finca con un carácter provisional, siempre que se considerara de utilidad social, y que comenzó a elaborarse el Estatuto de Autonomía Vasco, pero a pesar de los deseos y proclamas no tenía por qué desembocar todo el proceso en una revolución y, desde luego, no existía, como pensaban las derechas, un plan preconcebido de llevarla a término.
La CNT celebró un congreso en Zaragoza, en el mes de mayo, y se incorporaron los sindicalistas que la habían abandonado en 1932, llegando una solución de compromiso en la que se aludía, vagamente, al comunismo libertario. Las Juventudes Socialistas y Comunistas se unificaron, pasando el control del PCE, que por entonces era un grupo minoritario, compacto y muy activo, que, siguiendo las directrices de la 3ª Internacional, había pasado de llamar «social fascistas» a los socialistas a propiciar la colaboración de todas las fuerzas progresistas en un frente unitario. Tenían en Dolores Ibarruri, La Pasionaria, la oradora más convincente.
Largo Caballero continúa enfrentándose a Indalecio Prieto, representante del socialismo moderado y centrista dentro del PSOE, y buscó la alianza de los sindicatos y los partidos de izquierdas para lanzar un programa obrero contrario a la colaboración gubernamental con los republicanos de izquierdas.
No pudo, por tanto recomponerse entre los republicanos y los socialistas la conjunción de los primeros años de la República, por lo que fueron solo los primeros los responsables de llevar a término el programa mínimo por el que habían votado muchos españoles al Frente Popular. La izquierda socialista quería ampliar su base con los comunistas y propiciar un acercamiento a los anarco sindicalistas de las NT para alcanzar, algún día, un gobierno obrero sin las rémoras pequeño-burguesas de los republicanos.
La derecha y algunos militares conspiraban para acabar con aquel sistema político. Casares Quiroga llegó a acusar a Calvo Sotelo de estar propiciando un golpe de Estado y éste replicó que era un hombre de anchas espaldas. El 12 de julio era asesinado por extremistas de derecha un oficial de la Guardia de Asalto, teniente Castillo. La respuesta llegó la siguiente madrugada con el asesinato de José Calvo Sotelo por parte de un grupo de miembros de las fuerzas de seguridad. El enfrentamiento era inevitable. El ambiente se puso al rojo vivo. Todo parecía precipitarse hacia un enfrentamiento fatal. La República a la postre, tenía poco republicanos que apoyars en las estructuras creadas por la constitución de 1931; unos quería transformarla y otros eliminarla.

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